Desde que se construyó la represa de Betania, el temor por su desbordamiento o rompimiento ha estado siempre en el subconsciente de los huilenses, en particular de aquellos que viven aguas abajo del embalse y que además vivieron los trágicos hechos de Armero y Páez. Es tal el temor que hace poco más de dos décadas un grupo de borrachos gritaron ¡Se vino Betania, se vino Betania!, una noche por las calles de Neiva. Y el caso es que en esta tierra de incautos en la que un astuto seminarista pasó por Embajador de la India, la falaz noticia terminó en la radio provocando el pánico de medio Neiva y al cual más puso pies en polvorosa. Para fortuna, todo era mentira.
Viene a colación la historia a propósito de los debates y discusiones que ha provocado el proyecto del gobierno de Uribe y de la multinacional Emgesa de construir una nueva represa sobre el Río Magdalena, aguas arriba de la presa de Betania, como a dos kilómetros. La avalancha en este caso no ha sido de escombros sino de sorpresas. En primer lugar, los huilenses estábamos en ayunas porque el gobierno Nacional en complicidad con dirigentes del Huila preparaban casi a escondidas el proyecto para entregárselo en una subasta pública a la empresa Emgesa, subsidiaria de la multinacional española Endesa, y de la cual hace parte la Empresa de Energía de Bogotá.
Se trata nada más y nada menos que de regalar (así se puede decir) 8586 hectáreas de tierra productiva y de bosques y de fauna para literalmente inundarlos con el único propósito de crear un embalse para producir energía eléctrica. Recordemos que Emgesa es actualmente el dueño de Betania (que una vez fue nuestra) y la energía que se producirá no es para consumo nacional sino para exportarla. Tampoco es para evitar un colapso del sistema energético nacional como nos ocurrió en el gobierno de Gaviria. No, no. Colombia produce más del doble de energía de la que consume. Una nueva represa sólo es necesaria porque Betania ha perdido capacidad de almacenamiento de agua por la acumulación de sedimentos, y la nueva represa compensaría tal pérdida. Así que el proyecto surge no por una necesidad regional o nacional sino por conveniencia de Emgesa.
En esas 8586 hectáreas viven cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, que son grandes y pequeños productores agropecuarios, jornaleros, pescadores artesanales, entre otros, que a las buenas o a las malas serán despojados de sus tierras sin que nadie nunca los hubiera siquiera consultado. Más aún, en forma ilegal el propio presidente de la República se apresuró a declarar toda el área de inundación como de utilidad pública, una figurilla jurídica que permite la expropiación por vía administrativa y sin derecho a pataletas.
Como si fuera poco, la empresa Emgesa ha mentido desde un comienzo sobre el valor de las compensaciones que la ley obliga. En un principio dijo que la productividad cesante del área a inundar era de 15.100 millones de pesos anuales, y ante las críticas han reconocido recientemente la suma de 31.980 millones de pesos anuales. ¡No se equivocaban casi en nada! Peor aún. Los áulicos del proyecto han cacareado a los cuatro vientos que este sí va a ser el gran negocio para el Huila, que impulsará el desarrollo, el turismo, la piscicultura, etc., etc., etc., tal como nos echaron el cuento de Betania y mire usted a haber. Pero las cuentas son otras, fíjese bien. Mientras Emgesa reconocerá al Huila (en un lapso de 50 años) aproximadamente 351.900 millones de pesos, dejaremos de percibir (o sea perdemos) 1 billón 247 mil 100 millones de pesos que sería lo que ganaríamos si esas tierras no se inundaran y continuaron produciendo lo que actualmente producen. Por su parte, Emgesa se embolsilla en los mismos 50 años, 5 billones 966 mil millones de pesos, porque en los primeros doce años recuperarán la inversión inicial de 1 billón 575 mil millones de pesos. ¡Qué tal el negocio! Los dueños de la tierra, el agua, el rio y de todo lo que en esas tierras se mueve y produce terminamos siendo los grandes perdedores y perjudicados. ¡Qué nos pasa! No podemos seguir tragando cuanto cuento vienen a echarnos. Tal como está formulado el proyecto sólo hay un ganador: Emgesa y los áulicos del gobierno que traicionan al Huila y la Nación prestándose para tales engendros.
Y a todo ese negocio el gobierno nacional lo llama confianza inversionista. Feriar el país al mejor postor; comprometer con el extranjero los recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad y el paisaje y como si nada. Abramos los ojos: una vez Emgesa le eche mano a las 8500 hectáreas, estas estarán bajo su control y podrá pasar lo que está ocurriendo en lugares como Chile, donde Endesa niega el agua para el consumo humano y para la pesca.
La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos del Huila hacen al proyecto por sus negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas entre otras, es el anuncio de crear una base militar en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, muy acorde a estos tiempos de la Seguridad Democrática. Y aspiran a construir la base con dineros de Emgesa. Da miedo, ver lo que vemos cuando los indígenas se levantan para defender su territorio: más de 1200 asesinatos. O cuando se oponen a los proyectos de las multinacionales dentro de sus territorios. O lo que sucedió con la construcción de Urrá I y Urrá II.
El presidente Uribe está del lado de Emgesa, empecinado con el cuento de la confianza inversionista. El gobernador del Huila, defendiendo el nombramiento de sus amigos Jorge Fernando Perdomo, ex gerente de su campaña, que ahora será el asesor jurídico del proyecto; y Edgar Méndez Cabrera, ex secretario de Educación, que en adelante será el negociador de tierras por parte de Emgesa. Los mismos del Huila dándonos palo. Se ha creado una comisión dizque de concertación en la que la mayoría de sus miembros han sido nombrados a dedo y en la cual brillan por su ausencia los voceros de las comunidades perjudicadas y de las organizaciones sociales y ambientalistas que nos han alertado hasta ahora sobre el tema.
Quieren cuadrar todo para decir que hubo concertación, que todos estuvieron de acuerdo en tirarse por el barranco. De manera que pueda ser otorgada sin ninguna oposición la tan anhelada licencia ambiental, único requisito legal que le falta a Emgesa para echarnos el agua encima. A esos esfuerzos disociadores el gobierno les llama cohesión social. Bonito cuento para disfrazar el despojo, el desplazamiento forzoso y el desarraigo de las comunidades.
Pendientes debemos estar de la realización de una audiencia pública, requisito formal para otorgar la licencia, pero escenario ideal para hacer presencia con propuestas alternativas a las de Emgesa y con la movilización social para decir ¡no rotundo al saqueo pretendido!
